Este estudio de caso sobre la mina de cobre Andina, en Chile, muestra que los fabricantes europeos de maquinaria minera mantienen estrechas relaciones comerciales con la mina, a pesar de que las actividades mineras que llevan a cabo en esta zona dañan los glaciares circundantes, agravan de manera masiva la escasez de agua en la región y de que los habitantes locales protestan contra la ampliación de la mina. En este estudio, mostramos cómo las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente en la cadena de valor descendente deberían ser asumidas por las empresas europeas. Ya que los fabricantes de maquinaria minera se enfrentan a importantes riesgos en materia de derechos humanos y medioambiente en sus relaciones comerciales con los clientes.

Hace siete años, Saúl Luciano Lliuya, de la ciudad andina peruana de Huaraz, acudió a un tribunal civil alemán para exigir al mayor emisor de gases de efecto invernadero de Europa, RWE, que asuma responsabilidad. Lo que empezó entonces es ahora un precedente visto a nivel mundial para la cuestión de si los grandes emisores tienen que pagar por la protección de los riesgos climáticos.

Para el 2022, se volverá a impulsar el caso de Huaraz: en el próximo mayo, el Tribunal Regional Superior de Hamm realizará una visita a Huaraz. La visita a la zona de riesgo se había retrasado desde 2019 por la pandemia del Covid19. En Perú, la primera acción de pruebas debe ser revisada: los expertos examinarán la cuestión de si la casa del demandante Saúl Luciano Lliuya está realmente amenazada por una ola de inundación del lago glacial.

Como demuestra el caso del proyecto minero de Cerro Matoso en Colombia, tanto la normativa vigente en el país como las medidas de diligencia debida de las empresas son insuficientes para abordar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales asociados a las actividades mineras y a las cadenas de suministro de materias primas. La diligencia debida en materia del ambiente, si se hubiera aplicado a tiempo, podría haber evitado graves violaciones de los derechos humanos. El estudio señala la dificultad de responsabilizar a las empresas de estos daños a la salud relacionados con la contaminación ambiental que provocan.

Este estudio ilustra el caso de un potencial proyecto de minería de cobre de Llurimagua en la zona de Intag de Ecuador, situado en un bosque nublado caracterizado por su alta pluviosidad y biodiversidad. Expone la historia de las operaciones mineras en la región y utiliza diversos estudios científicos para mostrar el enorme impacto medioambiental que tendría una operación minera. Es un caso interesante en este sentido, ya que los impactos potenciales están bien documentados por una evaluación de impacto ambiental independiente del gobierno japonés.